Tres causales es revictimizar la mujer, pero es algo

La despenalización del aborto por las tres causales es un punto intermedio entre quienes defienden los derechos plenos de la mujer y los grupos religiosos y conservadores, y es una deuda del Estado para con la mujer dominicana

Por Patricia Báez Martínez

El presidente ha observado el proyecto de ley de Código Penal para que el Congreso Nacional tome en cuenta el tema del derecho de la mujer dominicana al aborto en caso de que su vida peligre, cuando la criatura es producto de una violación sexual e/o incesto, y cuando el feto presente malformaciones congénitas. Esta ha sido una lucha de larga data del movimiento feminista dominicano, que al ver la imposibilidad de que el aborto puro y simple fuera aprobado, optó por una salida moderada y viable: El aborto condicionado por tres causales.

Aunque el proyecto vuelve al Congreso y con ello continúa nuestra lucha, celebramos hoy la observación hecha por el presidente Danilo Medina. Si lográsemos el consenso de las dos terceras partes de las matrículas de las cámaras legislativas a favor del aborto por las tres cuales (#Abortox3causales) es muy probable que no volvamos a tener más “Esperancitas” en nuestro país, ni más niñas pariendo criaturas producto de estupros.

Luchamos por tres causales para que el aborto sea permitido en República Dominicana, sin embargo, esas tres causales victimizan a la mujer. Al menos en dos de las tres causales planteadas, la mujer es vista como objeto-victimizado: Cuando su vida peligra (está en riesgo de muerte, débil, afectada, enferma) y cuando la criatura es producto de una violación sexual (es un ser débil frente a otro más fuerte y/o con autoridad).

En ninguno de los tres escenarios planteados la mujer tiene potestad, sino que ésta es ostentada por médicos y personal del Ministerio Público. Los médicos decidirían si la mujer puede abortar en caso de que su vida corra peligro o la criatura padezca malformación congénita; y en el caso de las violaciones sexuales, las niñas y mujeres abusadas que queden embarazadas tendrían que demostrar que han sido violadas, y así no ser perseguidas judicialmente tras abortar.

En el caso de las niñas víctimas de incesto, las familias que decidan no denunciar al agresor para no “destruir” la unidad familiar, éstas quedarían desamparadas por parte del Estado, pues no podrían acceder al aborto legal y seguro, y al practicar éste  de forma clandestina se pondrían en riesgo su salud reproductiva y  vidas, y las consecuencias legales de ese aborto no justificado ante las autoridades no necesariamente sobre caerían en el victimario, sino en el personal médico y el adulto que lleve a la  niña hasta el centro de salud o la “comadrona” y pague por el servicio.

Como se puede ver, en el escenario más halagüeño, la mujer dominicana seguiría sin ser dueña de su cuerpo y su destino, continuaría requiriendo el consentimiento o permiso de la autoridad para disponer de éste y diseñar su vida (una autoridad históricamente ostentada por el hombre y los estamentos del Estado que él como género ha dominado).

Cuando en República Dominicana el aborto sea permitido sin condición –con excepción de las contenidas en el protocolo médico-, entonces podremos hablar de un derecho obtenido mediante el fortalecimiento del género femenino y no su victimización como está ocurriendo en la actualidad, pero como decía la periodista italiana Oriana Falacci en ‘Carta a un niño que no llegó a nacer’: No existe nada peor que la nada. Ante la iniciativa de las iglesias de constitucionalizar y criminalizar el aborto en sentido general, lograr la despenalización por las tres causales es una gran victoria que salvaría muchas vidas, en su mayoría madres pobres que hoy desprotegidas dejan niños en la orfandad.

El aborto no es nuestra meta, el objetivo perseguido es la igualdad y el desarrollo de la mujer. Para ello se requiere educación sexual en las escuelas y colegios, métodos anticonceptivos asequibles tanto a mujeres como a hombres de todas las edades y  clases sociales, y como último recurso, la posibilidad del aborto en caso de que la niña o mujer no esté en condiciones de llevar a término el embarazo.

Despenalizar el aborto por las tres causales, no es una imposición a que mujeres cuyas vidas peligren se les practique un aborto, o a que todo niño malformado desde el vientre sea abortado, o a que todo feto producto de una violación sexual sea arrancado del útero de la víctima, no. En esos tres escenarios planteados, la mujer o su familia (en el caso de las niñas) decidirán si desean o no el aborto.  No se obligará a ninguna cristiana o evangélica a abortar, como ningún cristiano o evangélico debe impedir que las niñas y mujeres que sí deseen acceder al aborto por estos motivos, así lo hagan.

Es una cuestión de derechos. Unos plantean el derecho de la vida recién formada en el vientre, del que no podría disponer la madre según las iglesias y la Constitución, pero de aprobarse el aborto por las tres causales en el Código Penal (un reconocimiento a la dignidad de la mujer), los grupos pro vida deben respetar el derecho de las niñas y mujeres que sí decidan acceder al aborto, pues como ellos aducen: El derecho propio termina donde comienza el derecho ajeno.

Es tiempo de que la sociedad dominicana dé otro paso de avance en materia de derechos de la mujer, no estamos dispuestas a seguir siendo el receptáculo paciente de espermas y legislaciones machistas. Con este inicio de siglo apostamos a un cambio transformador para nuestras vidas, Ustedes legisladores están compelidos a decidir si se suman a nuestro proyecto de desarrollo paritario o le dan la espalda a un derecho no reconocido que gime desde las entrañas de la madre tierra.

Partido único o predominante en RD

Por Patricia Báez Martínez 

En días pasados defendimos nuestra tesis para optar por el título de maestra en Ciencias Políticas para el Desarrollo Democrático por el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (Iglobal) y la Universidad de Salamanca (USAL) con el tema Sistema de partidos políticos en la República Dominicana (1990-2016): Del tripartidismo al partido predominante, y en la ocasión se nos cuestionó por qué no admitíamos que vivimos en una dictadura o seudodictadura dado el desvencijado panorama que muestra la institucionalidad democrática dominicana (preferimos usar este término a democracia simple y pura, ya que los dominicanos asociamos más el de democracia al ejercicio electoral, y no existe una equivalencia real entre el hecho de votar y la democracia). 

Nuestra respuesta versó sobre las dos formas de abordar y entender las ciencias políticas y la política: normativa (deber ser) y empírica (es) –máxime si se trata de un estudio descriptivo como fue el nuestro-, así como la caracterización del sistema de partidos predominante, que es la tendencia que advertimos en el país. Mas por lo apremiante del momento ignoramos explicar por qué el sistema de partidos dominicano no es de partido único que es la clase de sistema que caza con la dictadura. Dado que el tema ha concitado durante los últimos años la atención de académicos, investigadores y políticos, consideramos pertinente explicar, aunque fuere por esta vía, por qué el sistema de partidos nacional no es de partido único y, por tanto, aún no vivimos en una dictadura. 

Para 1961, el politólogo francés Roberto Duverger definió una de las principales características del sistema de partido único: “…el partido mismo, como cuerpo, no deja jamás de controlar a todos los organismos del Estado”, además, observó que en este sistema es notorio un grado significativo de restricción de las libertades públicas. Ya en 2005, el italiano Giovanny Sartori enriquece la definición de clases de sistemas de partidos al clasificarlos primero en base a la competencia electoral en competitivos y no competitivos. El sistema de partido único pertenece al último grupo. Arguye Sartori que “sólo existe, y solo se permite que exista, un partido. Eso se debe a que ese partido veta, tanto de jure como de facto, todo tipo de pluralismo de partidos…”. 

Con estas tres caracterizaciones del partido único: i) control del Estado, ii) restricción de las libertades públicas y iii) nulidad de la competencia, pasamos pues a rebatirlas. 

Si bien es cierto que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ostenta el Poder Ejecutivo, controla el Senado y una parte de los diputados, así como el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público y las Altas Cortes –un control casi absoluto de los estamentos de decisión-, en el ámbito de las libertades públicas la mayoría de los dominicanos sigue disfrutando de ellas y el espionaje de Estado aparenta limitado. De hecho, se podría decir que en República Dominicana se respeta la libertad de pensamiento y expresión, aunque reconocemos que desde el Estado, y específicamente desde el Poder Ejecutivo, se utilizan “sofisticados” mecanismos de coerción de la libertad de expresión (negar o quitar publicidad gubernamental, provocar que propietarios de canales de TV rescindan contratos con líderes de opinión críticos, soborno a este tipo de comunicadores hasta neutralizarlos o convertirlos en bocinas gubernamentales, acaparamiento de los medios de comunicación en manos de altos dirigentes del partido, etc.). 

Como podemos ver, no todas las características del sistema de partido único se cumplen o se cumplen a cabalidad, por lo que encuadrar al sistema de partido dominicano en el partido único resulta difuso, y se podría interpretar como una reacción alarmista. Sin embargo sí se cumplen de manera efectiva las dos características principales del sistema de partidos predominante: i) un partido gobierna de forma ininterrumpida (no alternancia) y esto ocurre en el país desde 2004, con la agravante de que el ex presidente y presidente del PLD, Dr. Leonel Fernández Reyna, señaló como el principal objetivo del VIII Congreso Norge Botello convertir al PLD en una fábrica de presidentes y presidentas que gobernará la nación hasta mediados del presente siglo; y ii) existen terceros partidos (los minoritarios) que ayudan al partido predominante a retener el poder. Estos terceros partidos trabajan en dos sentidos, ayudando al predominante PLD a brindar la apariencia de que el sistema electoral es competitivo –procura de la legitimidad necesaria para la gobernabilidad-, y aportando votos para que ese partido obtenga el 51% para ganar las elecciones presidenciales. 

El nacimiento del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el 35% de los votos que obtuvo con su participación en el primer certamen electoral confirman también que estamos ante un sistema de partido predominante, pues de ser de partido único el PLD no habría permitido su conformación y participación las elecciones recién pasadas, mismas que no estuvieron exentas de trabas y dificultades –vale la aclaración-, es decir, que esas elecciones no habrían sido competitivas, como lo fueron. 

En nuestra tesis sostuvimos que existe una tendencia hacia el partido predominante, es decir, se está en el proceso, aunque si tras el surgimiento de una segunda fuerza política con potencial de ser gobierno, el PLD se reelige en las elecciones de 2020, no habrá dudas de que estamos ya ante un sistema de partido predominante consolidado, en especial, si la reelección del partido oficial también incluye la del actual presidente, reelecto en 2012 tras una reforma constitucional como todos recordarán. Sólo entonces todo el Estado estaría en manos del PLD, veríamos totalmente limitadas las libertades públicas alcanzadas y las elecciones se convertirían en una “competencia” por el poder con un único participante.